EL YAGUATENSE.COM,RD.-El presidente del Tribunal Constitucional,
Milton Ray Guevara, afirmó este jueves que contrario a los señalamientos
de supuestos despojos de nacionalidad y desnacionalización de presuntos
ciudadanos dominicanos, la sentencia de ese organismo lo que hace es
contribuir a la regularización del estatus migratorio de esas personas,
actualmente en total desamparo legal.
Explica que las personas envueltas en esta
situación de irregularidad tienen ahora la oportunidad de insertarse en
la vida económica, social y jurídica de la República Dominicana, con las
garantías propias de un Estado social y democrático de derecho.
“Se trata, pues, de una sentencia responsable y
justa que busca corregir situaciones que laceran la dignidad humana”,
afirma, un amplio documento leído por el periodista Rafael Polanco,
vocero del TC.
El texto, bajo la firma de Ray Guevara, añade que
los magistrados del TC están satisfechos por la “respetuosa acogida” del
fallo por parte del presidente Danilo Medina, del Congreso Nacional, la
JCE, el Ministerio de Interior y Policía, Migración, el Consejo
Nacional de Migración y otras instancias públicas.
Asimismo, manifestó que respeta las opiniones
disidentes sobre el contenido de la sentencia, divergencias que atribuye
a asuntos consustanciales a la vida democrática.
Dijo confiar en la aplicación por parte de las
autoridades correspondientes de los mandatos del fallo, y de que la
misma se cumpla con estricto apego a los derechos fundamentales y
valores que consagra nuestra Constitución, en especial la dignidad
humana, la integridad personal, la libertad y la seguridad ciudadana.
POBLACION EXTRANJERA
El documento recuerda que en el país hay una gran
cantidad de extranjeros que aspiran a obtener la nacionalidad
dominicana, cuya mayor parte son indocumentados de nacionalidad
haitiana.
En ese sentido, reitera que organismos
internacionales y locales, como la Unión Europea determinaron que el
total de inmigrantes en República Dominicana alcanza 524 mil 632
personas, el 5.4% del total de la población nacional.
De esos 524 mil 632 extranjeros, la cantidad de
458 mil 233 nació en Haití, lo cual representa el 87.3% de la población
total de inmigrantes en el país.
Estas cifras muestran la prevalencia de ciudadanos
haitianos en relación con los demás inmigrantes establecidos en la
República Dominicana, añade el documento del TC en referencia a su
fallo.
Consigna, además, que después de la inmigración
haitiana, “las diez comunidades principales por orden de tamaño de la
población registrada aquí son: Estados Unidos (13,514), España (6,720),
Puerto Rico (4,416), Italia (4,040), China (3,643), Francia (3,599),
Venezuela (3,434), Cuba (3,145), Colombia (2,738) y Alemania (1, 792)”.
La suma de los inmigrantes y sus descendientes
constituye la población de origen extranjero, y su magnitud se sitúa en
768 mil 783 personas, de las cuales 668 mil 145 son originarias de
Haití, y constituyen el 6.87% de la población que habita en el
territorio nacional.
Destaca que la Dirección General de Migración solo
tiene legalmente registrados la cantidad de 11 mil inmigrantes
haitianos, que representa un ínfimo 0.16% del total.
NIEGA SE APLIQUE RETROACTIVIDAD
Negó de manera tajante que haya retroactividad en
la sentencia que redefine el estatus de nacionalidad para hijos de
extranjeros en República Dominicana, tras señalar que el fallo lo que
hace es determinar la ley aplicable en el momento en que surge el
derecho reclamado.
En ese sentido, explica que si un hijo de
extranjero que reclame la nacionalidad dominicana nació en el país con
posterioridad al año 1966, esta persona “sencillamente nunca ha sido
dominicana por ius soli”.
Señala que cuando una sentencia establece que al
momento de su nacimiento el marco legal vigente no le atribuye derecho a
la nacionalidad, no hace más que declarar una situación conforme a la
Constitución y a la ley de entonces, no constituir una situación nueva.
Afirma que resultaría estrictamente apegado al
principio de la irretroactividad de la ley cualquier caso que
eventualmente fuese evaluado desde 1929, en vista de que se tomaría en
cuenta la Constitución vigente a la fecha de nacimiento de la persona de
que se trate.
Sobre la condición de apatridia de los hijos de
extranjeros en tránsito, el TC precisar que en el derecho dominicano,
las personas nacidas en el territorio nacional cuyos padres tengan ese
estatus solo adquirirán la nacionalidad dominicana cuando no tengan
derecho a otra nacionalidad, es decir, cuando devengan apátridas.
Refiere que en el caso particular de los hijos de
padres haitianos en tránsito, la Constitución haitiana, aplicable en el
caso de la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, dispone expresamente
que obtendrán nacionalidad haitiana los individuos nacidos en el
extranjero de padre y madre haitianos.
Finalmente, el TC reitera su compromiso
indeclinable de “garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa
del orden constitucional y la protección de los derechos
fundamentales”.
El documento finaliza evocación un pasaje
histórico de Juan Pablo Duarte: “Los enemigos de la Patria, por
consiguiente nuestros, están todos muy acordes en estas ideas: destruir
la nacionalidad aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación
entera”.
RESPALDO A SENTENCIA SATISFACE A TC
El presidente del Tribunal Constitucional, Milton
Ray Guevara, expresó este jueves satisfacción por el respaldo del
presidente Danilo Medina, el Congreso Nacional, la Junta Central
Electoral, la Dirección General de Migración, y otras instancias
públicas del país, que han respaldado su fallo al establecer que no son
dominicanos los hijos de extranjeros que entraron de manera ilegal a la
República Dominicana.
Igualmente, agradeció el cálido apoyo que ha
recibido la decisión por otros sectores de la vida nacional, de diversas
personalidades, entre las cuales se destacan monseñor Nicolás de Jesús
Cardenal López Rodríguez, monseñor Agripino Núñez Collado, y de la
población en general.
También expresó respeto a las opiniones disidentes, las cuales dijo son consustanciales a la vida democrática.
Dijo que el Tribunal dispuso, entre otras medidas,
la elaboración del Plan Nacional de Regularización de extranjeros
ilegales radicados en el país, a cargo del Consejo Nacional de
Migración, de acuerdo con la Ley de Migración No. 285-04, al tiempo que
exhortó al Poder Ejecutivo a implementar dicho plan.
En ese sentido, exhortó a los poderes públicos
responsables de la aprobación y puesta en ejecución del Plan Nacional de
Regularización de extranjeros ilegales radicados en el país, adoptar
todas las providencias necesarias para que el mismo se aplique con el
más absoluto respeto de las prerrogativas del ser humano,
particularmente, en el caso de las personas de comprobado arraigo y
lealtad a los principios de la República Dominicana.
Finalmente, dijo que el Tribunal Constitucional
reitera ante la comunidad nacional e internacional su compromiso
indeclinable de “garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa
del orden constitucional y la protección de los derechos
fundamentales”.
JCE INICIARÁ VEEDURÍA
Los integrantes de la Comisión de Veedores u
observadores del Proceso de Levantamiento de informaciones que permitan
establecer la cantidad de extranjeros en la República Dominicana,
conformada a instancia de la Junta Central Electoral (JCE), iniciará las
visitas a las diferentes oficialías para verificar el desarrollo de ese
proceso en cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Constitucional
168/2003 y a la disposición del Consejo Nacional de Migración.
Así lo informó el doctor Adriano Miguel Tejada,
director de Diario Libre y uno de los cinco miembros que forman la
referida Comisión, conformada por el Presidente de la JCE, doctor
Roberto Rosario Márquez, a los fines de que acompañe a la JCE en este
trabajo que busca acatar la citada sentencia y en cumplimiento a la
disposición del Consejo Nacional de Migración del cual es miembro.
La Comisión de Veedores u Observadores la integran
además los doctores Freddy Sandoval, Leonardo Aguilera, Don Mario
Rivadulla y el vicepresidente del Consejo Nacional de Hombres de la
Empresa Privada, Conep, doctor Rafael Paz.
"Todo dominicano debe estar comprometido a que las
actividades que realice la JCE y cualquier organismo del Estado este
rodeada de la mayor transparencia y en ese espíritu es que hemos
aceptado la encomienda, los cinco miembros que formamos parte de la
Comisión de Veeduría”, precisó Tejada.
Explicó que los trabajos comenzaron esta semana
estas reuniones en la sede de la JCE y la evaluación de los libros se
inicia hoy, por lo que desde este día comenzarán las visitas a las
diferentes oficialías para comprobar el estado de avance de los trabajos
y la forma en que se realizan.
Dijo que los miembros de la Comisión recibieron
explicación detallada del proceso que en esta primera etapa de las
medidas ha ido tomando la JCE para preservar la integridad del mismo.
"Nos sentimos muy complacidos de lo que se ha
hecho hasta ahora.
Ahora lo que queda es el trabajo institucional,
nosotros somos observadores, no podemos ponerle las manos a las actas ni
nada por el estilo, estamos hablando de más de 60,000 libros de actas
en todo el país que van a ser analizados por los oficiales y los
inspectores de la JCE y eso es un trabajo para el cual hay un plazo de
un mes para ser terminado,", subrayó el director de Diario Libre.
Explicó que: "Nos vamos a presentar a cualquier
hora en las diferentes horas, simplemente a ver el trabajo y sin cobrar
dieta," en referencia a la supervisión que se llevará a cabo, y
respondiendo a una pregunta de los periodistas en ese sentido.
Aludió al magistrado César Francisco Féliz Féliz
quien explicó durante encuentro ayer con el grupo de la Comisión que en
esta primera etapa se trata de un simple registro que irá acompañado de
una marca en el libro para que cuando venga el proceso de auditoría sea
fácil de detectar los diferentes casos que vayan a ser analizados.
Y puntualizó: "Nosotros vamos a observar que el
proceso se haga de forma transparente y luego haremos un reporte a la
JCE y a las autoridades del país y por supuesto a la opinión pública
nacional respecto a lo que pudimos observar en el proceso".
Mientras que Féliz Féliz explicó que la
conversación con los observadores versó sobre cuál es el interés de la
JCE y el personal que está llevando a cabo este trabajo en el que
participan inspectores y abogados de la JCE.
Dijo además que se valoró el tipo de levantamiento
que se va a hacer, porque no se trata de un trabajo profundo de una
auditoria, sino para ver los hallazgos y levantamiento de los
extranjeros que se encuentran en esos libros desde el año 1929 hasta el
2007, a los fines de establecer la nacionalidad de las madres y los
padres de los declarados.
"Yo creo que esta comisión va a ser un gran
trabajo que nos va a servir de mucho beneficio porque en este trabajo va
a primar la transparencia, la dedicación y también decirle al país y al
mundo que no hay ningún interés de ningún órgano del Estado, en
especifico la JCE, en hacerle daño a ningún extranjero, sino que
resplandezca la verdad y que esos hallazgos sean pruebas fehacientes
para cuando se vaya a hacer una auditoria definitiva en esos registros
que tiene en sus manos la JCE", precisó Féliz Féliz.
COMISIÓN RD CONCLUYE VISITA EN EE.UU.
Una comisión oficial de alto nivel de la República
Dominicana concluyó hoy una gira diplomática para explicar la sentencia
reciente del Tribunal Constitucional que estatuye sobre la
nacionalidad.
Al mismo tiempo, la comisión esparció el mensaje
de que la sentencia, aunque vinculante para todos los poderes del
Estado, será aplicada con estricto respeto y apego a los derechos
humanos de quienes se sientan afectados.
Ante el revuelo provocado por la disposición de la
alta corte que aclara quiénes son dominicanos por nacimiento, tres
ministros, el presidente de la Junta Central Electoral y una
viceministra, en coordinación con la embajada dominicana aquí, se
reunieron con funcionarios y congresistas norteamericanos.
En sus encuentros ofrecieron seguridades de que
nadie será deportado o despojado de la nacionalidad si la ha adquirido
de acuerdo a la norma constitucional que, según explicaron, data del
siglo pasado.
Y en los casos que se demuestre arraigo o haber
nacido en territorio nacional, se buscarán avenidas para la residencia
legal y, posteriormente, la naturalización si así lo desea el
interesado.
Encabezados por el ministro de la Presidencia,
Gustavo Montalvo, los comisionados dominicanos también se entrevistaron
con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José
Miguel Insulza; el director de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y dialogaron con franqueza con
una serie de organizaciones no gubernamentales, encabezadas por el
Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos.
“Nos sentimos altamente satisfechos por la
receptividad que hemos encontrado y el alivio que han producido las
declaraciones del presidente Danilo Medina de que, aunque la sentencia
es de obligatoria aceptación, nos guiaremos por consideraciones
humanitarias y el respeto a los derechos de quienes se consideren
afectados”, indicó Montalvo.
El ministro de la Presidencia viajó acompañado de
José Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía; César Pina Toribio,
consultor jurídico de la Presidencia; Roberto Rosario, presidente de la
Junta Central Electoral y Alejandra Liriano, viceministra de Política
Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
A la delegación se han sumado Aníbal de Castro y
Pedro Vergés, embajadores ante la Casa Blanca y la OEA, y Virgilio
Alcántara, desde Nueva York, donde encabeza la misión dominicana ante la
Organización de las Naciones Unidas.
Los comisionados sostuvieron, además, un encuentro
con el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a
la que el Gobierno dominicano ha invitado a visitar el país y hacer
sugerencias sobre el Plan de Regularización de Extranjeros.
Y correspondió a Pina Toribio fijar la posición
oficial dominicana en la reunión informativa del Consejo Permanente de
la OEA, en el que San Vicente y las Granadinas habían solicitado se
conociese la sentencia del TC.
“Nuestro mensaje ha sido el mismo, contenido
claramente en la posición ante la OEA: el Estado dominicano no va a
permitir que se vulneren los derechos fundamentales de personas que
están amparadas por nuestras leyes, ni como consecuencia de esta
sentencia ni de ninguna otra. Y para garantizar que así sea, se ejercerá
una tutela efectiva de esos derechos, de manera que se respete en todo
momento el debido proceso”, aseguró el ministro Montalvo al final de un
movido diálogo con una serie de oenegés.
Los comisionados atribuyeron particular
importancia a las reuniones al más alto nivel regional en la Casa Blanca
con el Consejo Nacional de Seguridad y en el Departamento de Estado,
donde respondieron a todas las dudas planteadas sobre los efectos de la
sentencia.
De manera sistemática, los comisionados
insistieron en que la sentencia ofrece “una oportunidad única para
avanzar en nuestra política migratoria y de fortalecimiento
institucional” y en la decisión de “dar este paso histórico”.
En Capitol Hill, la delegación dominicana
compartió con miembros de la Cámara de Representantes, especialmente con
aquellos que tienen segmentos importantes de la diáspora haitiana en
sus demarcaciones.
La mayor preocupación de los congresistas se
centró en las alegadas deportaciones que se producirían, lo que fue
aclarado con la disposición del presidente Medina de que nadie sea
extrañado del territorio dominicano como consecuencia de la sentencia.
Se explicó que la decisión del TC no afecta a
todos los hijos de inmigrantes nacidos en el país ya que aquellos con al
menos un progenitor residente legal son y continuarán siendo de
nacionalidad dominicana.
También se hizo hincapié en que la cantidad de
personas afectadas es solo una fracción de los estimados alarmistas y se
citó, por ejemplo, que entre los años 2008-2013, la Junta Central
Electoral dominicana sometió 16,945 actas de nacimiento a la Dirección
de Inspección para su evaluación y de estas, solo 1,088 (6%) fueron
suspendidas provisionalmente por razones de duplicidad, suplantación y
otras incongruencias.
Ya en la exposición ante la OEA, la República
Dominicana había resaltado que los esfuerzos de la JCE por erradicar las
irregularidades en el Registro Civil no se limitan a la identificación
de violaciones migratorias, visto que durante los años del 2007-2013,
canceló 42,015 cédulas de identidad de las cuales tan solo 410 (1%)
fueron suprimidas debido a falsos reclamos de nacionalidad.
“Había aspectos legales que aclarar y lo hemos
hecho, con la salvedad expresa de que la disposición constitucional
corresponde al ámbito de nuestra soberanía, pero no podemos dejar de
lado las consideraciones humanitarias de que ha hablado el presidente
Medina”, indicó el consultor jurídico Pina Toribio.
Por su parte, Fadul y Rosario refirieron la enorme
tarea que les aguarda, dadas las obligaciones que la sentencia pone a
cargo de Migración y la JCE.
Sin embargo, se mostraron confiados en que las cumplirán satisfactoriamente dentro de los plazos estipulados.
Autor: TERESA CASADO Y LUIS BRITO
