EL YAGUATENSE.COM,RD,- Participación Ciudadano hizo un llamado al Tribunal Constitucional a reconsiderar el contenido de la sentencia que ordena la desnacionalización de dominicanos hijos de extranjeros “en tránsito” o “indocumentados” por considerar que constituye una violación “de varias disposiciones de la
Afirma, como lo han hecho otras organizaciones y abogados constitucionalistas dominicanos, que el TC transgrede el derecho al debido proceso, el principio de retroactividad, al pretender aplicar la Constitución de 2010 a todos los casos de años anteriores, y el principio de favorabilidad, “que impone la interpretación de la norma en la forma más favorable al titular del derecho fundamental.
Así como también vulnera el principio de vinculatoriedad, por no atenerse al de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determina que en un sistema jus solis “la condición migratoria de sus padres no puede ser una condición para el otorgamiento de la nacionalidad”.
La directora ejecutiva de PC, Rosalía Sosa, señaló que el Tribunal, en vez de proteger los derechos de los ciudadanos dominicanos, castiga a un colectivo de personas y, encima de esto, fundamenta su decisión en una situación generada por el propio Estado dominicano, quien fue el que les otorgó la nacionalidad al nacer.
Señaló que el mismo Tribunal reconoce que la decisión corresponde a otro tipo de tribunal y ordena a la Junta Central Electoral (JCE) a someter el caso ante el tribunal competente. Sin embargo, “toma la decisión sobre el fondo de dicho caso en su propia sentencia al declarar que la recurrente no reúne las condiciones para adquirir la nacionalidad dominicana”.
Consecuencias internacionales
Consideró posible que el Estado dominicano sea encontrado responsable de la violación de la Convención de los Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDD) que sesionará los próximos 8, 9 y 10 de octubre para conocer el caso Tide, Méndez y otros, sobre deportaciones ilegales y expropiación de documentos de identidad.
Informó que se presentará esta sentencia, no. TC/0168/13, como documento de prueba para sustentar el caso. La misma, agregó Sosa, representa una violación al artículo 1.1 de la Convención que compromete a los miembros a “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (…)”.
De encontrarse responsable, la Corte podría imponer indemnizaciones, tomar medidas cautelares o disponer la revisión las leyes que existen, así como ordenar la reconsideración de la propia setencia del TC, además de demostrar hacia la comunidad internacional que en República Dominicana existe una situación de violación de los derechos humanos.
También el FSA
Una posición similar sostiene el Foro Social Alternativo, para el cual la sentencia del Tribunal Constitucional debe ser revocada.
"El Tribunal debe retractarse, al igual que se ha hecho en otros casos, tiene que autocriticarse y reconocer que ha dado un paso negativo y que ha vulnerado la Constitución dominicana en su escencia", afirmó Víctor Gerónimo, miembro de la organización.
Advirtió que se trata de un crimen contra miles de personas que nacieron y han vivido en el país amparados por las constituciones previas a la de 2010. Calificó de inconstitucional que se pretenda aplicar la ley de manera retroactiva, dejando a estos dominicanos sin nacionalidad.
Jesús Adón invitó al TC a revisar el fallo al cual se refirió como "mamotreto legal". "Eso no tiene forma de sostenerse desde el punto de vista ni jurídico, ni político, ni humano", expresó.
Llamó a la sociedad a hacer una "cruzada nacional para evitar esto" e invitó a que se una al "plantón contra el genocidio civil que tendrá lugar esta tarde, de doce a siete, frente al Tribunal Constitucional.
En tanto Gerónimo sostuvo que la ciudadanía no está compelida a cumplir con "leyes que son injustas" por lo que defiende la "desobediencia civil", en caso de que se mantenga la posición por parte de las autoridades.
Las declaraciones se ofrecieron durante una rueda de prensa en la que también manifestaron su apoyo a la jornada de paros y movilizaciones para que se declare a Loma Miranda parque nacional los próximos 10 de octubre, en el Congreso Nacional, y 22 y 23 en Bonao y otros municipios del país.
Dijeron unirse además a la lucha por la reivindicación salarial de médicos, enfermeras, guardias, policías y trabajadores del sector público y privado, así como de los pensionados.
