EL YAGUATENSE.NET,RD.La Procuraduría General de la República obtuvo una
orden de arresto contra el alcalde de San Francisco de Macorís, Félix
Manuel Rodríguez Grullón, por
alegados actos de corrupción
administrativa de más de 100 millones de pesos.
A través de la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que dirige la
magistrada Laura Guerrero, también se solicitó orden de arresto contra
Fior Daliza Genao Hernández, gerente financiera y tesorera del
Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, así como contra
Jerson Nerys Lizardo Pérez, ex encargado de nómina de dicha alcaldía.
En una comunicación de prensa, Guerrero informó
que las irregularidades, detectadas en un informe de la Cámara de
Cuentas, incluyen falsedad de documentos, prevaricación, desfalco, abuso
de confianza y asociación de malhechores.
Agrega que en una investigación realizada por el
Ministerio Público se pudo comprobar que en el período comprendido de
enero 2007 a noviembre 2011, en el Ayuntamiento Municipal de San
Francisco de Macorís, los imputados realizaron un fraude electrónico en
la nómina del personal de dicha alcaldía, por un monto aproximado de 25
millones de pesos, cuya irregularidad fue reflejada por auditoría de la
Cámara de Cuentas.
Entre las pruebas obtenidas tras las
investigaciones del Ministerio Público se destaca que "hubo pagos
realizados sin soportes justificativos de más de 8 millones de pesos
según se observa en la página 75 del informe presentado por la Cámara de
Cuentas, así como la falta de registro del pasivo de los compromisos
contraídos con el Banco de Reservas para el pago de la regalía pascual
de los empleados, ascendentes a un monto de 28 millones, de manera que
transparente las amortizaciones mensuales aplicadas".
Igualmente, dice que el informe da cuenta de que
no disponen de las tablas de amortizaciones de los préstamos para
controlar los pagos mensuales durante el período entre 2007 al 2011.
En
ese mismo orden se hace constar en la página 28 las discrepancias
extraídas del sistema de nóminas del cabildo y los pagos realizados por
el banco, en los meses de julio 2010 a septiembre 2011, ascendiendo la
diferencia a 11 millones 810 mil 927 pesos dominicanos.
La Procuraduría General de la República dice,
además, que en el informe se refleja una diferencia entre registro de lo
pagado y las afirmaciones a terceros en la página 84 de la auditoria,
que hace constar que la Alcaldía pagó entre capital e intereses la suma
de 28 millones 812 mil 936 durante el 2007 al 2011, reflejando una
diferencia según las cuentas bancarias y las confirmaciones del Banco de
Reservas, por un monto de 1 millón 496 mil 221 pesos dominicanos.
Otro de los puntos que se destacan a raíz de la
investigación realizada por el Ministerio Público refiere que el informe
de la cubicación número 9 de mayo del 2012 correspondiente al
remozamiento del área externa del Mercado Municipal por un total
acumulado de 12 millones 954 mil 902 pesos, confirmándose una diferencia
entre los montos pagados y ejecutados, ascendentes a 518 mil pesos, en
tanto que en la remodelación del área interna del mismo la diferencia
asciende a 703 mil 592 pesos.
Igualmente hace referencia a otros montos en
situaciones semejantes relacionadas con el remozamiento de la avenida
Manuel Aurelio Tavares Justo (salida de Nagua hasta la entrada de
Briquetas), que arroja una diferencia entre pagado y ejecutado de más de
950 mil pesos.
Otras irregularidades que la la PEPCA cita es la
construcción de la escultura monumental, Icono de San Francisco de
Macorís, en la que se observa diferencia entre pagado y ejecutado de más
de un millón de pesos.
En informe legal de la Cámara de Cuentas, según el
Ministerio Público, revela también que en los períodos auditados, la
Alcaldía de San Francisco de Macorís reflejó una erogación de más de 5
millones de pesos a favor de empleados que no desempeñan funciones a
beneficio de ese ayuntamiento.
"La entidad auditada emitió cheques duplicados a
favor de diferentes beneficiarios por más de 800 mil pesos y pagos sin
soporte por más de 8 millones de pesos entre el 2007 al 2011, entre
otros movimientos y actos que en su totalidad, envuelven más de 100
millones de pesos malversados", concluye el comunicado de la
Procuraduría General de la República.
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