Colombia puso en marcha este lunes la ley que castiga severamente a quienes lleven a cabo ataques con ácidos. La normal es conocida como ‘Ley Natalia Ponce de León’, en honor al caso de una de las víctimas de este crimen que más atención ha tenido.
La 'Ley de víctimas de ataques con agentes químicos, ácido o sustancias similares' combina medidas penales, de salud y de integración social para enfrentar esas conductas criminales que han afectado 628 personas en los últimos años, según expresó este lunes el presidente Juan Manuel Santos desde la Casa de Nariño.
“Necesitamos hacer todo lo que sea necesario para proteger a las víctimas y evitar más casos”, dijo Santos y aseguró que este tipo de ataques “son una de las agresiones más infames que se pueda cometer contra el ser humano”.
La atención de la jornada se centró en Natalia Ponce de Léon, la mujer cuyo ataque ocurrido marzo de 2014 indignó a la sociedad y por la cuál se le dio trámite legislativo a la iniciativa que pretendía endurecer las leyes para castigar severamente a los atacantes con ácido.
Esta es la primera vez que Ponce de Léon aparece en público sin su máscara de policarbonato que usualmente llevaba luego un poco más de 20 cirugías de reconstrucción.
Natalia Ponce de León (a la izquierda) junto al presidente Juan Manuel Santos, al promulgar la Ley contra ataques con ácido. (Crédito: SIG/Colombia)
Gina Potes, víctima de ataque con ácido (izquierda) y Natalia Ponce de León (derecha) junto al presidente Juan Manuel Santos al promulgar la Ley contra ataques con ácido. (Crédito: SIG/Presidencia Colombia)
Gracias a esta ley, las penas para los agresores aumentarán y no habrá beneficios para quienes cometan este delito, según explicó el mandatario. Los responsables podrán pagar hasta 30 años de cárcel y no tendrán derecho a libertad condicional ni prisión domiciliaria.
Además regula lo concerniente a la ayuda humanitaria, atención, asistencia y reintegración laboral de las personas que sufran la destrucción irreversible de tejido por ataques con agentes químicos y otras quemaduras que generen discapacidad.
Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, en los últimos 10 años se han registrado 975 casos, 122 de ellos en el último año. El 98% de estos casos queda en la impunidad.
